Para proponer un análisis de las causas de la crisis que atraviesa la salud, Sara Guzmán y Luis Delrio, desarrollaron esta investigación que hace parte de la línea de investigación Estado, Democracia y Justicia, en la que mediante encuestas y entrevistas se indagó las percepciones ciudadanas sobre el sistema de salud en las localidades de Usme y Kennedy, en la ciudad de Bogotá.

Los principales elementos y causas de la crisis se sintetizaron en 4 dimensiones: la jurídico-normativa, la organizacional, la técnico-operativa y la de financiamiento.

En la primera dimensión, la investigación concluye que la Ley 100 de 1993 como marco jurídico y normativo de la salud produce inequidades sociales en el SGSSS debido a que no tiene en cuenta que las condiciones socioeconómicas de cada usuario determinan la calidad de los servicios que reciben, y que en algunas regiones el contexto es desfavorable porque el acceso a los servicios es restringido.

En la dimensión organizacional se señaló que la Ley 100 tiene espacios ciudadanos para el control y la vigilancia de los servicios en los que no se ha garantizado la participación efectiva de sus miembros. En cuanto a la dimensión técnico-operativa se habló de los problemas en los recursos físicos, humanos y financieros del SGSSS, en los que el personal de la salud indicó que no ha gozado de remuneración adecuada por su trabajo y tienen una carga laboral muy grande, sumado a la falta de infraestructura adecuada en diversos sectores de la ciudad.

Por último, se discutió sobre la dimensión de financiamiento porque  la Ley 100 de 1993 estableció unos mecanismos para la gestión de los recursos que ha demostrado ser desfavorable. Se menciona que el régimen subsidiado y el régimen contributivo no han establecido un balance para garantizar los recursos financieros de la salud, lo que promueve problemas en la intermediación de los recursos entre las EPS el Estado porque se crean relaciones clientelares en las que se busca aumentar la renta económica en detrimento a la calidad de los servicios ofrecidos.

Por lo anteriores se propone que el POS se mantenga unificado, se garantice el acceso y la cobertura y se promuevan mecanismos que superen las barreras sociales y económicas que dificultan el goce de la salud. Además, “se hace necesario que se fortalezcan los espacios de participación (…) que hoy tienen un manejo burocrático y muy formal. Debería ejercerse una participación directa y efectiva, así como establecer organismos para detectar y determinar prioridades”.
De la misma forma es necesario mejorar las condiciones salariales y de trabajo del personal de salud, mientras se genera un plan de inversión en infraestructura para balancear la oferta de servicios existente en las diferentes localidades.

Por último, deben haber contrapesos a los entes administrativos y de control, además de garantizar un pago de las UPC de forma más directa para disminuir la intermediación existente en los recursos y romper las relaciones clientelares en la administración financiera del sistema de salud.